Aniversario de la victoria #RavalVsBlackstone

El reto era grande: Blackstone había conseguido un desahucio abierto, una práctica de cuestionada legalidad que han comenzado a imponer algunos jueces ante la efectividad de la desobediencia civil para parar los desahucios. Consiste en establecer una orden de desahucio por un período de quince días o más, en vez de señalar un día y hora concretos, lo que complica enormemente la convocatoria a gente para evitarlo y favorece a la propiedad.

Sin embargo, las vecinas del SHR decidieron pasar a la ofensiva y hacer una gran campaña también “abierta” durante esos quince días para forzar una negociación y conseguir que las vecinas afectadas se quedaran en el edificio. Así nació la campaña #RavalVsBlackstone, que movilizó al barrio El Raval y a todo el movimiento popular por la vivienda de la ciudad. Su lenguaje era descarado, irreverente, popular, “de barrio” —y se difundió a través de vídeos, ruedas de prensa y multitud de artículos—, con gran impacto en la gente joven. Ocuparon la calle durante las dos semanas en defensa preventiva y la llenaron de programación cultural y musical gracias a la solidaridad de artistas y colectivos. Se presionó al gobierno municipal de Barcelona en Comú (BEC) con la campaña #BlackstoneEnComú para forzar su implicación, y se consiguió el apoyo público de varios partidos y representantes. Además, se hicieron manifestaciones y acciones de presión directa —escraches— sobre directivos de la compañía en los barrios altos, e incluso manifestaciones de solidaridad en ciudades como Londres o Berlín.

Solidaridad y trabajo en red: Raval-Barcelona-Mundo. Sin perder esta perspectiva, se buscó una victoria que tuviera impactos concretos en la vida de las familias y que reforzara a la vez al movimiento en su conjunto. ¡Y se ganó! Blackstone tuvo que negociar y aceptar que las familias se quedaran pagando un alquiler social, que en parte financiará también el Ayuntamiento. La victoria del SHR fue la victoria de las clases populares en un barrio maltratado de una ciudad acosada por la especulación. Fue la victoria de un movimiento que ha trabajado mucho y que, sin olvidar de donde viene, se atreve a ensayar nuevas formas de lucha, que acepta las contradicciones con una ética que nos recuerda a la de los Zapatistas y su dignidad rebelde. Ha sido una victoria de una grandeza tal como la del enemigo que escogieron.

Este conflicto local —concreto— se inserta en dinámicas globales de fondo que hacen que las ciudades concentren cada día más valor económico y que en ellas viva cada vez más gente (hay previsiones de que en 2050 las ciudades acojan al 68 por ciento de la población mundial). No sorprende, pues, que hoy en día muchos de los conflictos “capital-vida” se den en las ciudades, espacios cada vez más grandes de desposesión; pero tampoco sorprende que en ellas se hagan fuertes las luchas de resistencia y construcción de alternativas.

David Harvey, reflexionando sobre esto en un artículo publicado tras la crisis de 2008, invocaba el “derecho a la ciudad” como derecho colectivo que tiene toda la ciudadanía a (re)definir las ciudades con libertad, a (re)tomar el control colectivo y democrático sobre ellas y sus recursos, cada vez más en manos del capital financiero global. Harvey ponía como ejemplo la ciudad de Nueva York, que en las últimas décadas ha sido re-diseñada conforme a los intereses del capital autóctono y trasnacional, y señalaba a personajes como el multimillonario Michael Bloomberg, que además de empresario fue su alcalde de 2002 al 2013. Él representa a una pequeña élite político-económica que promueve la ciudad como destino turístico y de negocios y que concibe este “derecho a la ciudad” solo para sí mismo.

De todos modos, Nueva York, bajo la lógica del sistema capitalista, no es muy diferente de lo que son actualmente Londres, París, o Barcelona. Son oportunidades de negocio, espacios dónde especular con la vivienda para obtener alta rentabilidad sin importar lo que ello implique a sus vecinas. Y es en estas ciudades donde el conflicto aflora en forma de subidas de alquileres desorbitadas y desahucios constantes, con espacios públicos saturados de turistas y ruido, con procesos de gentrificación que suben el coste de la vida hasta niveles insostenibles, y con trabajos en condiciones cada vez más precarias y sueldos a la baja.

Tras todo esto encontramos el binomio que conforman el negocio turístico con el inmobiliario, ambos con dimensiones —e impactos— globales muy importantes. El peso del sector inmobiliario, por un lado, quedó patente tras desencadenar la crisis financiera global en 2008. Una década después, los procesos de especulación financiero-inmobiliaria que la desencadenaron siguen aún en marcha, aunque bajo nuevas formas o mecanismos de financiarización de la vivienda, como la burbuja de los alquileres, y con nuevos actores multinacionales como Airbnb o la misma Blackstone. La industria turística global, además de la devaluación de salarios y la precarización creciente de las personas trabajadoras, ha sido uno de los motores de la (falsa) recuperación de la economía tras la crisis en el Estado español, y ha adquirido un peso económico y social cada vez mayor.

Estamos ante un escenario en el que ciudades de todo el mundo compiten unas con otras en el mercado global por más turismo y más negocio financiero-inmobiliario (y sus derivados). No es casualidad, pues, que el World Travel and Turism Council (WTTC) publique con la segunda mayor empresa de servicios inmobiliarios del mundo, JLL, un informe titulado Destination 2030. Global Cities’ Readiness For Tourism Growth donde presenta, selecciona y clasifica en diferentes categorías 50 ciudades del mundo según sus opciones de crecimiento turístico, y Barcelona está entre ellas. Traducido: venden ciudades, venden nuestra ciudad a posibles inversores del sector turístico e inmobiliario. Y no se acaba aquí. El mismo WTTC, presenta otro informe en el que expone como la emergencia y consolidación del capitalismo de plataforma tiene un papel importante en la industria turística.

El ejemplo de AirBnB es aquí paradigmático: se trata de una multinacional que con su modelo de negocio ha propiciado la especulación inmobiliaria de la mano del auge turístico y que es responsable, como sugieren diferentes estudios, de subidas de alquileres en ciudades como Barcelona. De hecho, cada vez más puestos de trabajo caen bajo el paraguas de estas plataformas y hay predicciones que apuntan a que en pocos años más de la mitad de las personas trabajadoras en EEUU ya formarán parte de la independent workforce —serán (falsos) autónomos—, con todo lo que esto supone en cuanto a precariedad laboral y desigualdades asociadas. Hablamos, pues, de un conflicto global con dimensión de clase que enfrenta a ciudadanos y personas trabajadoras frente al capital internacional y sus intereses.

El Estado español, tras su incorporación a la Unión Europea (UE) y una pérdida de competitividad industrial y agrícola, se ha ido especializando cada vez más en la producción urbano-turística, situándose en el centro del capitalismo financiero-inmobiliario y turístico a escala global. Ante una creciente competitividad interterritorial, el turismo se ha convertido en una de las principales estrategias de acumulación del capital para salir de la crisis. Y ha sido así no solo en zonas turísticas litorales o a golpe de megaproyectos urbano-turísticos, sino también en muchas ciudades que han sido convertidas en mercancía turística. Barcelona y la #MarcaBarcelona constituyen un ejemplo paradigmático. El modelo que empezó a tomar fuerza con los Juegos Olímpicos del 92 la ha ubicado como una de las principales ciudades turísticas europeas junto a Londres, París o Berlín.

Actualmente, es el principal destino de cruceros del Mediterráneo, su aeropuerto es el séptimo de Europa con más de 55 millones de pasajeros al año, y ha pasado de tener 3,7 millones de pernoctaciones en 1990 a más de 31 millones en 2016. Y los números crecen; las consecuencias y los impactos, también. En El Raval, barrio sujeto a gran presión turística y gentrificación, las vidas de vecinos y vecinas han empeorado: se pierde el tejido comunitario, los precios de los alquileres se disparan, el comercio se orienta y especializa en el turismo, la contaminación ambiental y acústica es insoportable, la movilidad es más densa y difícil, etc. Sin embargo, los vecinos le hacen frente de forma creciente: paran desahucios a diario, recuperan espacio público con acciones o consiguen el cierre de pisos turísticos que no les dejan dormir y que generan inseguridad constante.

Fondos buitre, multinacionales de servicios, grandes empresas inmobiliarias o de viajes y bancos, con la complicidad directa de los principales poderes internacionales (UE, BM, FMI) y estatales, están detrás de este conflicto (o guerra) con dimensión sistémica. Blackstone es un ejemplo, pero hay otros como Divarian, que tiene relación directa con bancos como el BBVA. En todo caso, su forma de operar es similar: buy it, fix it, sell it (cómprelo, arréglelo, véndalo). Gracias a figuras como las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMIs) o reformas/leyes favorables como la de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), compran edificios, expulsan a su gente y los venden o realquilan para sacar grandes márgenes de beneficio pagando impuestos irrisorios.

Se trata de un problema global que hunde sus raíces en las dinámicas profundas del sistema, pero necesita de colaboradores y ejecutores. La lista de nombres vinculados al desarrollismo urbanístico de Barcelona de las últimas décadas es larga. En ella encontramos a políticos de diferentes colores sentados junto a banqueros, empresarios hoteleros o promotores inmobiliarios. Una íntima relación entre lo público y lo privado que está explícitamente presente en organismos importantes como Turisme de Barcelona, un consorcio público-privado (CPP) dedicado a la promoción y defensa de los intereses del empresariado turístico con dinero público.

Y así llegamos a 2015, cuando BeC, un partido surgido de los movimientos sociales del 15M/indignados, se hizo con el gobierno de la ciudad. Aupado por la fuerte ola de movilizaciones vividas a partir de 2011, consiguen llevar sus propuestas programáticas al Ayuntamiento. Lo que siguió fue una legislatura de cuatro años en la que impulsaron un Plan Estratégico de Turismo 2020 destinado a hacer “sostenible” el turismo en la ciudad; orientado a gestionarlo mejor, controlarlo y mitigar sus efectos negativos, promoviendo una aproximación más social y con cierta sensibilidad ecologista y feminista, aunque para muchas personas y colectivos, de forma insuficiente. Por ejemplo, en los temas de vivienda, tan relacionados con la industria turística, se promovió el “Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico” (PEUAT) para tratar de frenar, limitar y (re)ordenar el problema de los alojamientos turísticos en barrios como el Raval. Sin embargo, pese a esta y otras medidas, el problema persiste, aumenta y se extiende por la ciudad, ahora por barrios que antes no estaban afectados e incluso municipios del área metropolitana.

En Barcelona se producen decenas de desahucios cada día. El barrio El Raval es uno de los más afectados, y el Ayuntamiento se encuentra muchas veces entre la ciudadanía y corporaciones como Airbnb o la misma Blackstone. Intentan hacer de “mediadores”, pero los resultados son más bien decepcionantes. Aún y teniendo en cuenta que gobiernan en minoría y con competencias limitadas, la realidad es que el desequilibrio de poder entre unos (poder corporativo) y otros (clases populares) es tan grande que la única opción es tomar partido con valentía por los segundos, asumiendo las consecuencias que de ello puedan derivar, incluso si son legales.

Tras las pasadas elecciones municipales (2019) entramos en un nuevo ciclo político y BeC consigue mantenerse al frente del gobierno, pero lo hace compartiendo responsabilidad con un PSC-PSOE que, además de ser responsable originario de la #MarcaBarcelona, se dedica a abonar desde los despachos del gobierno un discurso criminalizador de la pobreza y unas políticas securitarias y del miedo propias de la derecha más rancia. Todo ello conforma un panorama nada halagüeño si la idea es esperar a que desde el Ayuntamiento se haga frente a los poderes financiero-inmobiliarios y turísticos como Blackstone o Airbnb. La correlación de fuerzas difícilmente le será favorable a la ciudadanía. Y menos aún a nivel estatal, donde el gobierno del Estado alterna entre dos partidos de régimen, PP y PSOE, ambos responsables de medidas de profundo impacto antisocial como el “rescate” a la Banca, la priorización del pago de la deuda sobre cualquier gasto social o la aprobación de las SOCIMIs.

Por suerte, la ciudad cuenta con un potente tejido social para hacer frente a los problemas que causa el embate del capital sobre la vida. La ciudadanía se organiza y moviliza a través de múltiples movimientos sociales y plataformas ciudadanas (anti-turistización, ecologistas, feministas, por el derecho a la vivienda, entre otras), en colectivos de barrio, en asociaciones de vecinas o sindicatos de clase. Muchos de estos espacios y colectivos ya hace tiempo que denuncian injusticias y desigualdades, señalan a los responsables y ponen sus cuerpos para defenderse. El movimiento por la vivienda o los movimientos anti-turistización son un buen ejemplo de ello.

Con la crisis hipotecaria de hace una década nació también la famosa Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), un ejemplo de organización popular y lucha. Años después, ante la nueva coyuntura post-crisis y sus consecuencias, aparecen también nuevos espacios como el Sindicato de Inquilinas y una gran variedad de grupos y sindicatos de vivienda —como el SHR— que trabajan desde los barrios. Todos ellos aportan mucha fuerza, ideas y prácticas políticas, y generan una potencia comunitaria imprescindible en unas ciudades que bajo el capitalismo nos llevan cada día más hacia la soledad y el individualismo.

Más allá de las victorias concretas, todo este movimiento popular por la vivienda —y el derecho a la ciudad— ha logrado cambiar el relato hegemónico y hacer entender que la vivienda es un derecho y no un privilegio. Además, han creado fuertes consensos en torno a medidas como la necesidad de regular el precio de la vivienda, aunque sin traducción legislativa o gubernamental por el momento. Ante esta situación, surgen propuestas tan interesantes como el Primer Congreso Catalán de la Vivienda, que fue impulsado por el movimiento popular y tuvo lugar en otoño de 2019. En él se trabajó para tejer alianzas y construir unidad de acción, (re)pensar una estrategia y táctica comunes, actualizar y mejorar prácticas de lucha y compartir conocimientos y referentes. Todo ello, con la idea de fondo de pasar a la ofensiva y conseguir victorias más estructurales— como la regulación de los alquileres— que blinden derechos y hagan más sostenible la vida.

Acceder al gobierno municipal desde la base para hacer políticas progresistas sigue siendo un objetivo legítimo, pero la finalidad no puede ser mantenerse en él a riesgo de renunciar a demasiados objetivos y principios y desmovilizar a las bases, sino todo lo contrario: debería ser un lugar desde el que evidenciar las contradicciones de un sistema injusto, potenciar los contrapoderes de las calles y denunciar desde dentro qué actores hay, qué papel tienen y qué mecanismos usan en cada conflicto en que el derecho a la ciudad de todas es cuestionado.

La acumulación de fuerzas que actúan como contrapoderes es esencial. Es por este motivo que también es muy necesario trabajar las alianzas con otros movimientos y espacios de lucha(s) de la ciudad. Otro ejemplo es el caso del turismo, que tiene muchos elementos de convergencia con la lucha por la vivienda. En Barcelona existe la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico (ABDT). Llevan años denunciando el modelo turístico y sus impactos, organizando charlas, lanzando campañas y haciendo propuestas para cambiar el modelo y frenar y revertir sus impactos negativos. Trabajan conjuntamente con otros movimientos y colectivos de la ciudad, no solo en torno a la vivienda sino también en temas como el ecologismo y la lucha contra el cambio climático. Denuncian, por ejemplo, el impacto negativo de los cruceros o la aviación, y forman parte de espacios de coordinación más grandes, como la red europea StayGrounded, que promueve un decrecimiento de la aviación y denuncia su relación con un modelo turístico nocivo, o de otros espacios nuevos que surgen, como los que se agruparon en torno a la pasada Huelga Mundial por el Clima del 27 de setiembre, de gran éxito en Barcelona. Otro ejemplo actual es el de la campaña en red #LaFiraOLaVida.

El trabajo en red forma parte del ADN del tejido social de la ciudad y es lo que le da tanta fuerza; también abarca la dimensión internacional. La ABDT por ejemplo, forma parte de la red SET (una red de Regiones y Ciudades de Europa contra la Turistización). Y lo mismo pasa con el movimiento por la vivienda. La campaña contra Blackstone, como hemos visto antes, despertó la solidaridad de muchos otros colectivos, y hasta llegó a ciudades como Berlín y Londres. El fenómeno es global, y como tal, requiere también una respuesta global.

Los recursos económicos con que cuentan todos estos movimientos y colectivos son pocos y autogestionados, pero su tarea es ingente e imprescindible. La historia del barrio El Raval nos enseña cómo, aún y con pocos recursos, la lucha común, la inteligencia colectiva y la solidaridad pueden poner contra las cuerdas a los gigantes del sistema. La politización que hacen del espacio público y de sus propias vidas es imprescindible, pues visibiliza el conflicto inherente a un sistema que solo ofrece codicia mientras alumbran nuevos mundos más justos y ofrecen prácticas emancipatorias y de lucha. #RavalVsBlackstone es un aliento de aire fresco en tiempos de espesor y oscuridad. En estos momentos, el terremoto que hizo temblar a Blackstone ya tiene réplicas en otros territorios. En Madrid, más de 200 familias en situaciones parecidas se han organizado con el Sindicato de Inquilinas de Madrid y otros colectivos en torno a la campaña #MadridVsBlackstone para seguir el ejemplo de Barcelona.

La ofensiva del capital no se va a detener, las fuerzas que le hacen frente tampoco. El caso de #RavalVsBlackstone es un ejemplo que ilustra la necesidad de crear y reforzar contrapoderes políticos que se autorganizan desde abajo para organizar el conflicto y vencer. Los zapatistas siguen también en ello, construyendo comunidad y autonomía, y defendiendo sus vidas desde las trincheras de la Selva Lacandona, abajo y a la izquierda. En el barrio El Raval, las clases populares también construyen trincheras y pelean. Luchar es vencer. Y como dicen en Latinoamérica: “la lucha continúa”.

13/07/2020

Max Carbonell, Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG)

https://www.elsaltodiario.com/ciudades-vs-multinacionales/ravalvsblackstone-aniversario-victoria

Este artículo forma parte de la serie “Ciudades VS Multinacionales”,   una publicación de ENCO – Red Europea de Observatorios de Transnacionales, una red de organizaciones europeas de la sociedad civil y de medios, dedicadas a investigar corporaciones transnacionales y el poder corporativo. La publicación ha sido coordinada por Corporate Europe Observatory (CEO), Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Observatoire des multinationales y Transnational Institute (TNI). “La colección completa de artículos está disponible para descarga en el nº20 de Passerelle, publicado por Ritimo», y en los espacios web de ENCO.